Contribuciòn a la crìtica de la razón burocrática

Rafael Rattia

No se trata de que la llamada “revolución” bolivariana se burocratizò y abandonò los principios “revolucionarios”; en rigor nunca hubo una tal revolución. Lo que surgió en el año de 1998 de la pasada centuria en Venezuela fue un cambio político que posteriormente desencadenò un proceso asambleario con carácter ciertamente constituyente que, a la postre, terminò diseñando una nueva constitución que obligò a redactar algunas nuevas leyes orgánicas y ordinarias que aparentemente dieron la impresión de asistir a la inauguración de un inèdito orden jurídico político e institucional. Por ejemplo, las condiciones històricas que hacen posible el surgimiento de la razón burocrática continuaron inalterablemente reproduciéndose al interior del viejo estado clientelar-paternalista que se instaurò con la cultura partidocràtica que surgió a la sombra de la constitución de 1961 con el llamado “pacto de puntofijo”.

Los viejos estilos de gerencia del entramado institucional que rigió las relaciones políticas entre el estado y la sociedad continuaron intocados con el advenimiento de la llamada “quinta república”. Nuevos nombres para viejas y esclerosadas prácticas y procedimientos gerenciales. El partido socialdemócrata alternando su gobernabilidad con el partido socialcristiano designaba a los funcionarios públicos de acuerdo con grados de compromisos y lealtades con la estructura político partidista creando de tal modo una vasta base social de militantes y activistas medios e intermedios que habiéndose sacrificado durante las campañas electorales una vez logrado el triunfo electoral del partido exigían como contrapartida la correspondiente contraprestación burocrática bajo la modalidad de cargos y canonjías en la administración pública central y descentralizada. Ministerios, Institutos Autònomos, Gobernaciones y Alcaldìas pasaban a ser una especie de botìn burocrático que servían para premiar lealtades entre el abigarrado tejido de líderes, dirigentes y militantes de las bases partidistas que resultaban triunfantes en las justas comiciales a la presidencia de la república.

Los antecedentes históricos de tales expresiones de reparto de la renta nacional vienen de aquella famosa Ley de haberes militares del siglo XIX. Al tèrmino de la guerra de independencia había que reconocer el arrojo y sacrificio de tenientes, capitanes, comandantes y mayores que en uno u otro sentido habían dado sus mejores años a la causa republicana de la independencia. Como las arcas nacionales habían quedado exhaustas por los onerosos gastos y erogaciones de la guerra la èlite gobernante apelò al recurso de retribuir el sacrificial patriotismo del ejército venezolano dotándolos de lotes de tierras y ganado realengo que abundaban en las extensas sabanas del llano y oriente venezolano. Hatos y haciendas confiscadas a las familias oligárquicas “antipatriotas” pasaron a manos de “patriotas republicanos” que expusieron sus vidas en favor de la causa independentista. Lo mismo ocuriò, mutatis mutandis con la política de tierra arrasada que comandaba el mítico y legendario Ministro Loyo al frente del ministerio o instituto nacional de tierras conocido por sus tenebrosas siglas (INTI) e impecablemente culminada labor que llevò a cabo el camarada Jaua cuando en su momento comandò las huestes campesinas del PSUV sembrando el pánico y terror en todo los largo y ancho del territorio nacional blandiendo las decimonónicas banderas zamoranas de “tierras y hombres libres”. Ambos, Loyo y Jaua intentaron infructuosamente culminar el trabajo de devastación que no pudo llevar a cabo el temible terror del llano Josè Tomàs Boves en el siglo XIX.

El burócrata se mueve como pez en agua en su burbuja confortable de mullido sillòn oficinesco con aire acondicionado y teléfonos corporativos con rentas ilimitadas con cargos al erario público nacional. Un ìcono del tìpico burócrata revolucionario, conocido como el “revolucionario exitoso” lo constituye el camarada escoltado por una legión de guardaespaldas que velan por la “integridad física” del camarada gobernador o el camarada Alcalde, o camarada Diputado tiempo completo al servicio de la construcción de la revolución socialista. La lógica burocrática de la ética leninista (perdónese el oxímoron) exalta el altruismo revolucionario y justifica moralmente que el revolucionario se apropie indebidamente de los bienes patrimoniales de la nación bajo el manido argumento de que el camarada está construyendo la sociedad futura, está echando las bases de la nueva sociedad y por tanto el partido único bajo la forma de la vanguardia política le permite el usufructo de groseros y obscenos privilegios económicos y políticos que terminan por configurar una odiosa y abominable clase tecnoburocràtica más temible e implacable que la clase dirigente del Ancien Regimen .

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